En defensa de la radiotelevisión pública

Cuando me propusieron escribir para Istmos sobre la televisión pública allá por el mes de mayo, yo andaba liado ya con la campaña electoral para las autonómicas en la Comunidad de Madrid. En la sección sindical de CGT habíamos decidido trabajar para que alguien representara la lucha de los trabajadores de Telemadrid en las listas electorales de Podemos y me había tocado a mí cumplir con ese papel. Hubiera aceptado escribir el artículo de todas las maneras, pero lo que realmente me enganchó fue el hilo conductor que iba a coser todas las aportaciones: “Volvamos”. En aquel momento pensé que sería estupendo poder celebrar así el retorno de todos mis compañeros y compañeras, injusta y brutalmente despedidos, para saciar la sed de venganza de unos personajes siniestros y mezquinos. Unas personas de carne y hueso, con nombre y apellidos. Esperanza Aguirre, Ignacio González, Manuel Soriano, Ángel Martín Vizcaíno… Un puñado de votos impidió que se hiciera justicia y a día de hoy ese “volvamos”, por el que tanto trabajamos, todavía no se ha producido. 

La lucha de los trabajadores de Telemadrid durante más de diez años por conseguir una televisión pública independiente del poder político, denunciando el absoluto desprecio por la objetividad y la veracidad de nuestros directivos y gobernantes, ha sido única. Y lo pagamos caro. La web salvemostelemadrid, que se mantiene activa, guarda una parte importante de nuestra historia. Debemos sentirnos orgullosos de haber sido capaces de enfrentarnos al PODER, con mayúsculas, y de no haber sido meros comparsas, estómagos agradecidos que cobran de lo público para destruir lo público. Pero todo esto forma parte del pasado y como dice el refrán, agua pasada no mueve molino. Mirando hacia delante debemos aprender de las experiencias vividas, adaptarnos y seguir trabajando para conseguir nuestros objetivos, con el regreso de nuestros compañeros siempre en mente, porque la partida todavía no ha terminado.

 

España, como en casi todo, también llegó tarde a la televisión pública. Tuvimos una radiotelevisión del régimen durante la dictadura franquista, que pasó a convertirse en la radio y la tele del gobierno con la llegada de la democracia. Cuando se crearon las autonomías, los gobiernos de turno pensaron que sería estupendo disponer de una herramienta similar a RTVE y crearon las radios y televisiones autonómicas a su imagen y semejanza. No todos los gobiernos han utilizado los medios de comunicación públicos con la misma intensidad, ni con el mismo descaro, ni con los mismos objetivos, pero en España no ha habido una radiotelevisión pública independiente del gobierno salvo, posiblemente, la que representó RTVE durante el breve periodo que siguió a la reforma de Zapatero. En Europa el modelo está en general mucho más asentado. Tomando siempre como referencia la BBC, los países del norte de Europa han desarrollado sus modelos de radiotelevisión pública basándose en una financiación estable y en una independencia editorial del gobierno. Un ejemplo de éxito extraordinario es la radiotelevisión pública noruega NRK, que cuenta con numerosas emisoras de radio y cuatro canales de TV,  y que ha conseguido que el 88% de la población del país entre en contacto diariamente con su programación o sus servicios online . Sin embargo en la mayor parte de los países europeos la radiotelevisión pública se encuentra sometida a grandes presiones que hacen que su futuro sea siempre incierto. Además de los problemas de financiación comunes en los últimos años a todos los servicios públicos, los medios públicos se enfrentan a los políticos y los gobiernos y sus intentos para controlar o influir en su línea editorial así como al lobby formado por los operadores privados, que intenta reducir la cuota de mercado de las emisoras públicas y convertirlas en un actor residual apelando a la libre competencia. Hasta la propia BBC está teniendo problemas en los últimos años para defenderse del ataque del gobierno conservador, como detalla Charlotte Higgins en este magnífico artículo titulado The battle for the BBC. Otro ejemplo de que esta lucha es permanente es la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que ha obligado a reducir la influencia de los políticos en la ZDF, la segunda cadena pública alemana. Una sentencia así es impensable en España y debe hacernos reflexionar.

Antes de plantear cómo entiendo yo que se puede articular un modelo de radiotelevisión pública que garantice su independencia editorial y resuelva los principales problemas a los que actualmente se enfrenta en España, me gustaría detenerme un momento para desmontar ese argumentario que han elaborado conjuntamente los políticos conservadores, escondiéndose bajo su falsa careta liberal, y el lobby de los operadores privados. Digo desmontar porque se asienta sobre premisas falsas, pero que convenientemente expuestas y repetidas hasta la saciedad en los medios de máxima difusión, en forma de artículos periodísticos supuestamente serios y rigurosos, columnas de opinión o entrevistas, intentan crear un clima social de apoyo, o por lo menos de indiferencia, hacia la jibarización o desaparición de los medios públicos.

La radiotelevisión pública no tiene muchos más trabajadores que la privada. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que la programación de Antena 3 o Tele 5 no se puede sacar adelante con quinientos o seiscientos trabajadores pero sin embargo ahí tenemos a Esperanza Aguirre afirmándolo sin sonrojarse. Estos grupos mediáticos, además de contratar una buena parte de su producción a empresas externas, han creado un grupo de empresas, cada una con su plantilla y sus funciones concretas. Así por ejemplo Atlas, empresa para la producción de noticias, no es Tele 5 pero es de Tele 5. Pero claro, si sumamos las plantillas de todas las empresas del grupo los números no dicen lo que Esperanza Aguirre quiere, así que utiliza los datos de la plantilla de la matriz y del resto se olvida, a pesar de que sin Atlas Tele 5 no tendría informativos, por ejemplo. A esto hay que unir que los gestores de las públicas, como pasó en Telemadrid y Canal Nou y ahora en TVE, utilizan las televisiones públicas para colocar a sus familiares y amigos, desplazando a la plantilla legítima. Pero desde luego es injusto decir que este es un problema intrínseco de lo público, es un problema generado por los gestores y por los políticos que los nombran, que luego, como hace Esperanza Aguirre, además lo utilizan para justificar despidos y externalizaciones en un ejercicio mayúsculo de cinismo. 

No es más barato externalizar que hacer producción propia. Esto ha quedado demostrado cuando tras el ERE que echó a la calle a la plantilla de Telemadrid el presupuesto apenas se redujo en un 1,3%. La reducción en la calidad técnica y de los contenidos, que también se produjo, no se puede medir pero es evidente. Otro ejemplo nos lo dio RTVE cuando decidió internalizar el programa “59 segundos” y se vio que era más barato hacerlo en casa. A pesar de todo la externalización no es mala por definición. El problema es qué se externaliza, a qué precio y porqué. Las externalizaciones por ejemplo, que se han realizado en Telemadrid responden a criterios distintos al ahorro económico. Este es simplemente el argumento que se esgrime de cara a la galería pero con estas externalizaciones se reparten cantidades millonarias a las productoras amigas, tejiendo una red clientelar que en cualquier momento te puede devolver el favor. Por poner un ejemplo, puede ser una coincidencia, pero resulta curioso que en plena explosión del caso del ático en Marbella de Ignacio González, Ana Rosa Quintana le invitara a su programa en Tele 5 para hacerle una entrevista más que amable, mientras su productora Cuarzo es una de las principales beneficiarias de la externalización de programas en Telemadrid tras el ERE. Además estas externalizaciones no aportan nada que no se pudiera hacer dentro de Telemadrid y lo que sí traen consigo es precarización laboral: donde antes había una plantilla con derechos laborales y salarios dignos, ahora hay una plantilla precarizada con salarios mínimos y escasos derechos. Y un importante beneficio empresarial por supuesto.

La radiotelevisión pública es necesaria independientemente de la oferta privada que exista. Cumple una función social que los medios privados no tienen ningún interés en cubrir, y si funciona correctamente y es autónoma en su línea editorial, puede facilitar una mejor información de la ciudadanía y favorecer el funcionamiento del sistema democrático, la cohesión social, la atención a las minorías, etc. Los habrá que digan “ya están los rojos con su cantinela de siempre”, pero es que esta es una cuestión que no tiene que ver con ideologías, como demuestra el informe La televisión pública en España desde una perspectiva liberal realizado por Jesús Andreu Ardura para FAES, fundación ultraliberal del PP. Los medios privados se deben a sus propietarios, que como se ve en este gráfico, son de lo más variado, y en general se caracterizan por defender el sistema político y económico actual y atacar u ocultar todo lo que vaya en contra de sus intereses políticos y/o económicos. Sobre cómo estructuran los medios su discurso resulta muy esclarecedora la investigación realizada por Miguel Álvarez Peralta en su tesis doctoral, calificada Cum Laude en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, titulada La crisis en portada. Representaciones de la crisis económica en la prensa española de referencia. Aunque el estudio hace referencia a la prensa escrita es perfectamente aplicable a radios y televisiones. La tesis todavía no está disponible online pero se puede ver un adelanto en este artículo publicado en CTXT.

¿La gente prefiere gastar el dinero en hospitales y escuelas y no en televisiones públicas? Así lo afirman los dirigentes del PP madrileño con Cristina Cifuentes a la cabeza. Es curioso que esto lo planteen justo ahora que han perdido la mayoría absoluta y ya no van a poder mangonear Telemadrid a su antojo. Esta capacidad que tienen los populares para saber lo que quiere la gente sin ni siquiera pisar la calle es asombrosa. Pero más allá de la broma, estas palabras encierran una demagogia barata que contrapone necesidades que actúan en distintos niveles y que no son excluyentes. En general la gente lo que quiere es que no le roben y que sus impuestos se gestionen correctamente. En este sentido lo que no dice Cifuentes es que el coste de Telemadrid es poco más del 3% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid y que por sus peculiares características de territorio y población es la radiotelevisión autonómica más barata, si tenemos en cuenta el coste por ciudadano y año. El problema de Telemadrid no es por tanto un problema económico de gasto incontrolado o inasumible. El problema es que no cumple su función y que los ciudadanos le han dado la espalda debido a la aberrante gestión del PP. En estas condiciones por supuesto que es cara, pero si cumpliese con su función, el dinero gastado en Telemadrid se debería considerar una inversión y no un gasto.

Hace muchos años tuve la oportunidad de colaborar, junto a otros compañeros de Telemadrid, en un proyecto audiovisual de Eva Pérez Arruche titulado Las edades de la diabetes. El trabajo obtuvo el Premio Nacional de Divulgación Científica en vídeo y un gran reconocimiento en el mundo sanitario. Como era un trabajo que se pudo sacar adelante con diversas subvenciones públicas se lo ofrecimos gratuitamente a Telemadrid para que lo emitiera. La cadena decidió emitirlo el día internacional de la diabetes a la 1:30 de la madrugada. A pesar de esta programación disparatada consiguió ser líder de audiencia en su franja y fue visto por más de 200.000 personas. El personal sanitario que se había involucrado en el proyecto estaba entusiasmado con esos números. Cuando nosotros les decíamos que si hubieran programado el reportaje a otra hora hubiéramos obtenido mejores resultados y que era una pena el trato que le habían dado en Telemadrid nos contestaban: “¿Tú sabes lo que nos hubiera costado llegar a 200.000 personas repartiendo folletos informativos? ¿Puedes imaginarte el trabajo que hubiera supuesto para obtener unos resultados mucho más pobres? Esto es un éxito”. Este es el rendimiento que se le puede exigir a una televisión pública, que cumpla con su función social.

Si lo que plantea Cifuentes es que la radiotelevisión pública debe entrar en la lucha encarnizada por la audiencia para conseguir unos ingresos publicitarios mucho mayores, que permitan reducir ostensiblemente la aportación pública, entramos en un terreno puramente contradictorio. Pierre Bourdieu describe muy bien en su libro Sobre la televisión la degradación que supone esa búsqueda a toda costa de la audiencia, una degradación incompatible con la ética y con la función social que debe cumplir un medio público.

Las televisiones públicas autonómicas son necesarias, aunque la autonomía no tenga una lengua propia. Es habitual escuchar que la existencia de una lengua local, diferente del castellano, es lo único que justifica la existencia de las televisiones autonómicas y que las demás, por lo tanto, deberían desaparecer. Divulgar y defender una lengua es una labor importante pero hay más. El objetivo de los medios públicos autonómicos debe de ser la información de cercanía y favorecer un debate político real, no espectáculo como vemos en las cadenas privadas, sobre lo que pasa en la Comunidad y en sus principales ciudades. Sin ellas la discusión política local es muy limitada y se favorece a los políticos, generalmente en el gobierno, a los que se les abren las puertas de los medios nacionales, y que pueden de esa manera lanzar su discurso sin necesidad de confrontarlo con nadie y tener una presencia mediática inaccesible para el resto. Sirva de ejemplo que de los cinco principales candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones sólo Cristina Cifuentes apareció en “El Hormiguero”, programa de máxima audiencia en prime time en Antena 3.

 

Hemos visto algunos de los argumentos con los que se pretende atacar a los medios públicos de comunicación, veamos ahora los principales problemas y las posibles soluciones. Después de las elecciones autonómicas hemos visto cambios en algunas televisiones autonómicas y en otras, como es el caso de Telemadrid, todavía están por llegar. Los cambios se caracterizan por ser distintos en cada comunidad, a pesar de que los actores son los mismos en todas con pequeñas variaciones. Es curioso por ejemplo que el PSOE opte en Extremadura por la fórmula del concurso público para elegir al nuevo Director General de su canal autonómico, mientras en Castilla La Mancha nombran como Director de informativos a dedo a un joven de 26 años sin experiencia laboral. RTVE también entrará en juego en la campaña electoral que se avecina y si los resultados electorales lo permiten es seguro que habrá cambios en Prado del Rey. Por lo tanto es importante definir cuáles son los problemas más importantes y cuáles son las mejores soluciones para la radiotelevisión pública en España.

 

Conseguir la independencia del Gobierno es una cuestión fundamental en esta nueva etapa, después de los excesos vividos en Telemadrid, Canal Nou o Castilla La Mancha Televisión. Esto no significa despolitizar las radiotelevisiones públicas como muy bien expresa Roberto Mendés en su artículo –disponible en la web Rebelión– titulado ¿Despolitizar Telemadrid? No gracias. Se trata de que todas las ideas puedan estar presentes, que todas las voces se puedan escuchar, de que se produzca un debate real en torno a los temas que más interesen a la sociedad en cada momento. Para conseguir esa independencia debemos crear una arquitectura institucional nueva porque lo que ha habido hasta ahora no ha funcionado. En el programa de Podemos para la Comunidad de Madrid presentamos un modelo que, inspirado en el funcionamiento de las radiotelevisiones públicas del norte de Europa, buscaba establecer un sistema de controles y contrapesos que libraran a Telemadrid de la lógica de las mayorías parlamentarias que la había gobernado hasta ahora. No voy a reproducir aquí el modelo en su totalidad, pero sí quiero destacar sus elementos principales porque creo que son claves para conseguir los objetivos que nos planteamos.

El órgano clave en cualquier medio público debe de ser el Consejo de Administración, por lo que la batalla política, ya que son los políticos los que van a diseñar y aprobar cualquier reforma a los modelos actuales, se disputa en torno al quién y el cómo se designa a los miembros de dicho Consejo. Desde la reforma de RTVE parece que la elección de los consejeros por mayorías parlamentarias cualificadas es la fórmula perfecta para garantizar su independencia, al contar con más consenso para su nombramiento, sin embargo la fórmula esconde la marginación de las minorías parlamentarias. Por ejemplo, Cristina Cifuentes propone una mayoría de 2/3 del Parlamento lo que implica que todos los consejeros tengan su visto bueno (sólo con su partido puede formarse esta mayoría) y que las minorías puedan quedarse fuera del consenso y no puedan realizar su labor de fiscalización. En mi opinión la solución pasa crear un órgano de control social, el Consejo Social, formado por representantes de las principales organizaciones de la sociedad civil, que participe en la elección de los Consejeros y pueda plantear su destitución si considera que no están realizando su labor correctamente, con capacidad para tomar decisiones vinculantes con respecto al cumplimiento de los objetivos de servicio público. En este modelo los grupos parlamentarios propondrían cada uno a un consejero y el Consejo social el resto, que sería como mínimo la mitad más uno. De esta forma se evitarían mayorías de partido y todos los partidos tendrían la posibilidad de estar representados en el Consejo de administración. 

Además del Consejo Social hay dos figuras que nos ayudarán a conformar ese sistema de contrapesos del que hablábamos: el defensor o defensora del usuario, que actúa de intermediario entre la sociedad y el medio para recoger sus quejas y sus críticas y aportar respuestas y soluciones, y el Consejo de informativos, un órgano profesional formado por los propios trabajadores que elaboran las informaciones y más preocupado por el cumplimiento del código deontológico de la profesión y en la independencia de la línea editorial. Estos dos órganos existen en muchos medios de comunicación europeos, públicos y privados, incluida por ejemplo RTVE, pero su funcionamiento deja mucho que desear. El principal problema con el que se encuentran estos órganos para realizar su labor es que no tienen ninguna capacidad ejecutiva para hacer que la Dirección tenga en cuenta sus informes y dictámenes. Eso se podría solventar en nuestro modelo creando una vía directa de comunicación con el Consejo de Administración y el Consejo Social para que fueran estos órganos los que valoraran las decisiones a tomar en caso de conflicto entre la Dirección general y estos órganos. Pero además hay que darles espacio dentro del propio medio, bien sea en la tele, en la radio y/o en la web, para que puedan informar de los problemas detectados y de las soluciones dadas.

Una vez fijada la estructura orgánica de control y supervisión de la labor de la Dirección General hay que definir quién y cómo se elige a la persona que ocupará este puesto. Para mí la solución ideal es que sea elegido por el Consejo de Administración a través de un concurso público en el que los candidatos, además de un currículum que se ajuste al perfil deseado para el puesto, tengan que presentar una breve propuesta explicativa de cómo piensan gestionar el medio para conseguir los objetivos de servicio público marcados por el Parlamento y el Consejo Social. La persona que consiga la mayor puntuación en este proceso sería nombrada Director General por el Parlamento por períodos distintos a los de la legislatura. Con este diseño estaríamos en condiciones de garantizar la pluralidad e independencia necesarias para que la radiotelevisión pública pueda cumplir con la función social que se espera de ella. 

Pero aunque pudiéramos llevar adelante estos planteamientos y el sistema propuesto funcionara perfectamente nos encontramos que los gobiernos de turno podrían tirarlo todo abajo simplemente asfixiando económicamente al medio público. Por lo tanto debemos encontrar las fórmulas para que las leyes que regulan el funcionamiento de los medios públicos incluyan alguna cláusula que garantice su correcta y suficiente financiación. Una declaración genérica en este sentido es insuficiente y está sujeta a la interpretación por lo que no resolveríamos el problema. Debemos afinar y eso es complicado porque desde las instituciones europeas se está muy pendiente de que la financiación de los medios públicos se ajuste al servicio público que realizan en aras de la libre competencia. Siempre me llama la atención ese interés escrupuloso por la libre competencia y lo poco que Europa tiene que decir sobre el secuestro de las radiotelevisiones públicas por parte del PP. Están claras cuáles son las prioridades de las instituciones europeas.

Habrá que explorar diferentes vías. Yo propongo marcar un porcentaje mínimo del presupuesto total de la Comunidad o del Estado para financiar el contrato programa en el que se especificará en qué se va a gastar ese dinero. No creo que esto entre en colisión con la sacrosanta libre competencia y nos permite contar con un mínimo en las peores circunstancias y ampliarlo si hay voluntad política para ello. Este planteamiento puede ser discutible y mejorable pero si no cerramos la financiación no habremos solucionado el problema y a las primeras de cambio nos encontraremos con que todo el esfuerzo normativo realizado es papel mojado porque se sabotea a través de la financiación. 

Llegando ya casi al final hay que decir que otro factor que permite un mejor funcionamiento de los medios públicos es que cuenten con una plantilla propia, con derechos, que pueda levantar la voz si considera que se están produciendo abusos o que la gestión no responde a los intereses de la sociedad. No podemos pedir a los trabajadores de lo público que actúen en defensa de lo público, lo de todos, y luego que puedan ser despedidos como ha ocurrido en Telemadrid.

Otra medida sencilla pero eficaz es la transparencia en la gestión al estilo del portal de la BBC, una vez más. Es necesario que los ciudadanos sepan en qué se gasta su dinero, que las adjudicaciones sean transparentes, que los resultados sean públicos, etc. La idea es, como decía el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid José Manuel López, que lo que no se puede contar no se pueda hacer.

 

Por último tengo que reclamar para las radiotelevisiones públicas un plan estratégico, una visión de futuro, que les dé la vuelta para introducirlas de lleno en la era digital. Sin esta visión las públicas están condenadas a perder cada vez más su influencia social, lo que pondrá en riesgo el cumplimiento de su función y posiblemente su viabilidad. Es necesario apostar por una inversión para desarrollar e implementar aplicaciones y servicios online que nos permitan conectar con el público a través de dispositivos móviles y diseñar una oferta distinta y complementaria a la de la emisión. Ya hemos hablado de la NRK y también es interesante ver los objetivos que se marca la BBC para los próximos años. Los parámetros han cambiado y cuanto más tardemos en reaccionar peores serán las consecuencias. Es la hora de abrirse a la participación de los usuarios, de compartir y no de competir, de asociarse, de sumar. 

A punto de finalizar este artículo, el grupo de trabajo llamado “La tele de todos”, en el que se encuentran algunos de los “sabios” que diseñaron la reforma de RTVE emprendida por José Luis Rodríguez Zapatero, ha publicado un nuevo informe que revisa y actualiza sus anteriores trabajos. Aquí se puede ver que compartimos gran parte del análisis y algunas de las soluciones. En cualquier caso su lectura es muy recomendable para todos aquellos interesados en el futuro de los medios de comunicación públicos en España.

 

Espero que estas reflexiones sobre la radiotelevisión pública sirvan, por lo menos, para concienciar sobre su valor y utilidad social, y para dejar claro que si en España no funciona como debe, es por culpa de los políticos que la controlan, no porque no haya alternativas para que vuelva a ocupar el papel que les corresponde.

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